Acció Ecologista‑Agró ha presentado un total de 109 enmiendas a la proposición de ley forestal de la Generalitat, que afectan a 46 artículos y a las disposiciones adicionales del texto, según informó la organización en un comunicado.
Alerta sobre retrocesos y contradicciones legales
La entidad considera que la norma, tal y como se ha presentado, resultaría «desafortunada y poco justificada» y advertía de que, si prospera sin cambios sustantivos, podría suponer «un grave retroceso en la preservación y gestión de nuestros bosques». En su comunicado, Acció Ecologista‑Agró sostiene además que varios preceptos de la propuesta entrarían en conflicto con normativa de rango superior.
“Si la proposición echa adelante sin modificaciones sustantivas, sufriremos un grave retroceso en la preservación y gestión de nuestros bosques”, dijo la organización en su comunicado.
La organización señala colisiones con leyes estatales como la Ley 43/2003 de Montes y la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, así como con instrumentos europeos, entre ellos la Directiva 92/43/CEE sobre conservación de hábitats, el Reglamento (UE) 2024/1991 sobre restauración de la naturaleza y la Directiva 2009/147/CE de conservación de aves.
Áreas de enmienda y preocupaciones
De las 109 propuestas, la organización detalla su tipología:
- 50 enmiendas de modificación (redacción alternativa).
- 40 enmiendas de adición (incorporar contenidos nuevos).
- 19 enmiendas de supresión (eliminar apartados).
| Tipo de enmienda | Cantidad |
|---|---|
| Modificación | 50 |
| Adición | 40 |
| Supresión | 19 |
Acció Ecologista‑Agró advierte de riesgos concretos que, según su análisis, podrían derivarse de la aprobación del texto sin cambios: facilitar la ocupación de espacios forestales por actividades impropias, la desaparición de figuras de protección y órganos de participación, y la supresión de cautelas ambientales en planes y proyectos de gran extensión territorial.
La organización subraya también su rechazo a la creación de una figura de «pago por servicios ambientales», que califica de «pantalla propagandística» y teme que pueda utilizarse para subvencionar actividades que no contribuyen a la protección del bosque.
En su comunicado, Acció Ecologista‑Agró destacó la importancia de la ley por el alcance territorial que tendría: según la organización, la normativa afecta a casi la mitad del territorio valenciano y a ecosistemas que, además de su valor paisajístico, poseen funciones ecológicas y patrimoniales relevantes.
